El administrador de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terrance C. Cole, afirmó que la difusión del expediente que imputa a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa revela la existencia de vínculos que facilitaron el tráfico de drogas y la protección de operaciones del cártel.
La acusación contra el gobernador de Sinaloa y nueve personas más, un expediente desvelado el 29 de abril de 2026 por fiscales en Nueva York, señala que varios servidores públicos habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos” para permitir la importación masiva de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
Según Cole, las evidencias contenidas en la denuncia muestran cómo cargos públicos habrían usado su posición para beneficiar a redes criminales y, en consecuencia, poner en riesgo instituciones públicas y la seguridad de la región.
La publicación del expediente generó una respuesta oficial en México: autoridades y representantes del partido del gobernador han rechazado las acusaciones y han pedido que cualquier señalamiento sea sustentado con pruebas ante las instancias correspondientes.
El caso amplía la discusión sobre la relación entre crimen organizado y corrupción institucional en México y su impacto en la política bilateral con Estados Unidos, donde las autoridades han intensificado investigaciones y acciones judiciales contra presuntos facilitadores de cárteles.
Las fiscalías mexicanas y la DEA continúan los procedimientos legales relacionados con las imputaciones; las investigaciones en curso podrán aportar más pruebas o aclaraciones sobre el alcance de las supuestas relaciones entre funcionarios y grupos delictivos.
