José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf, promovió un juicio de amparo en febrero de 2026 para averiguar si existían órdenes de aprehensión o comparecencia en su contra y evitar que se ejecutaran. El juzgado concedió una suspensión provisional, pero después negó la definitiva y sobreseyó el caso; el expediente fue archivado en junio.
En su demanda, Hernández Casillas relató que el 21 de enero personas que se identificaron como agentes ministeriales acudieron a su domicilio y dijeron tener órdenes en su contra. Según su versión, se retiraron sin dejar documentos. La visita y la existencia de esos mandamientos fueron parte de lo que planteó ante el juzgado, no una determinación judicial de que hubiera una orden vigente.
El empresario pidió a juzgados federales de la Ciudad de México y del Estado de México verificar si había órdenes o procedimientos en los que figurara. Un día después de presentar el recurso, una jueza le concedió la suspensión provisional y fijó una garantía de 6 mil 500 pesos.
Más adelante, la jueza negó la suspensión definitiva, al considerar que, de acuerdo con los informes rendidos por las autoridades señaladas, no había un mandamiento judicial en su contra. El 27 de abril sobreseyó el juicio porque las autoridades negaron los actos reclamados y, según la resolución, la parte quejosa no presentó pruebas para desvirtuar esa negativa.
Al no impugnarse la resolución, el 21 de mayo se ordenó archivar el expediente, trámite que se concretó en junio de 2026. El sobreseimiento cerró ese juicio de amparo; por sí solo, no constituye una resolución sobre posibles responsabilidades en otros asuntos.