José Ignacio Moreno Suárez, representante legal en Venezuela de la minera Gold Reserve, permanece detenido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I desde el 4 de junio de 2023, cuando agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo trasladaron desde un restaurante de Caracas. El abogado enfrenta cargos por traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, mientras su defensa sostiene que el proceso está relacionado con su trabajo profesional.
Moreno fue detenido en el contexto del litigio que Gold Reserve mantiene con el Estado venezolano por los proyectos mineros Brisas y Las Cristinas, ubicados en el Arco Minero del Orinoco. La empresa ha señalado que su representante fue arrestado y encarcelado por las autoridades venezolanas y que las acusaciones tendrían una naturaleza política.
El origen del caso
Gold Reserve es una compañía minera vinculada a un prolongado conflicto arbitral con Venezuela por la cancelación de derechos relacionados con proyectos de oro y cobre. En 2016, ambas partes participaron en la creación de la empresa mixta Siembra Minera, con una participación de 45 por ciento para Gold Reserve y 55 por ciento para el Estado venezolano.
De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la Fiscalía considera que Moreno actuó para favorecer la posición internacional de Gold Reserve durante el litigio. La defensa, encabezada por el abogado Jesús Loreto Carpio, argumenta que esas actuaciones formaban parte de la representación legal ordinaria de la compañía.
Sin sentencia ni fecha de juicio
Más de tres años después de su detención, Moreno continúa privado de la libertad sin sentencia y sin una fecha establecida para el inicio del juicio. La defensa también ha denunciado dificultades para acceder al expediente, revisar las pruebas y preparar la estrategia jurídica.
Entre los elementos mencionados en el proceso figuran una gorra con el logotipo de Gold Reserve, una copia de un laudo arbitral y referencias a comunicaciones electrónicas cuyo contenido, según la defensa, no ha podido ser revisado plenamente.
El caso ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica de empresas extranjeras y de los abogados que las representan en Venezuela. Mientras la defensa exige la revisión de la medida cautelar y el avance del proceso, Moreno permanece recluido a la espera de una definición judicial.