Un juez federal de California ordenó el 23 de junio de 2026 la suspensión de las políticas que permitían a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a migrantes en o alrededor de los tribunales de inmigración.
El juez P. Casey Pitts concluyó que las nuevas directrices del gobierno carecieron de explicaciones razonadas y tuvieron un efecto “arbitrario y caprichoso”, por lo que vació las disposiciones centrales que ampliaban los arrestos en salas y pasillos judiciales.
La medida responde a demandas presentadas por organizaciones y personas afectadas que señalaron que la presencia de agentes en las inmediaciones de las audiencias genera un efecto de “enfriamiento” que desalienta a solicitantes de asilo y a otros residentes no ciudadanos a comparecer en sus procedimientos.
La decisión afecta de forma directa a la política implementada desde 2025 y podría provocar apelaciones por parte del gobierno federal; mientras tanto, el fallo limita la práctica en la jurisdicción del Tribunal de Distrito Norte de California y tiene implicaciones para casos similares en otras regiones.
El fallo se suma a otras resoluciones judiciales recientes que han cuestionado prácticas de detención en tribunales y abre la puerta a un mayor escrutinio sobre cómo las agencias federales aplican cambios en políticas de inmigración.
