Un juez federal determinó desechar de plano un amparo promovido por jubilados contra el decreto que modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer topes a las llamadas “pensiones doradas”.
El acuerdo, emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, concluye que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Carta Magna, y aplicó la causal prevista en la ley para desechar asuntos manifiestamente improcedentes.
En el resolutivo se indica que, aun cuando la reforma pudiera implicar afectaciones a derechos fundamentales, el marco legal vigente impide a los jueces de distrito analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales mediante el juicio de amparo.
El amparo impugnado ingresó el 13 de abril de 2026, apenas días después de que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación (10 de abril) y entrara en vigor el 11 de abril de 2026.
La reforma establece que las jubilaciones y pensiones de funcionarios en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal y ordena la revisión de los marcos normativos de las entidades para acatar el nuevo tope.
Los promoventes aún tienen la vía de impugnación ante un Tribunal Colegiado en materia Administrativa, que podrá confirmar o revocar el desechamiento.
