El 29 de mayo de 2026, la jueza de distrito Leonie Brinkema, con sede en Alexandria, Virginia, emitió una orden que impide temporalmente que la administración de Donald Trump realice pagos o avance en la creación del fondo por 1,776 millones de dólares conocido como “Anti‑Weaponization Fund”.
La orden prohíbe la transferencia de dinero al fondo, la consideración de reclamaciones y cualquier desembolso mientras el litigio que impugna su creación continúa. Brinkema fijó una audiencia para el 12 de junio de 2026 para escuchar argumentos sobre si debe extender la suspensión.
El fondo se creó como parte de un acuerdo relacionado con una demanda presentada por el propio Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales. Hasta la fecha de la orden no se habían desembolsado fondos ni se había conformado la comisión encargada de definir los criterios de elegibilidad.
La iniciativa abrió una polémica pública y legal: legisladores y críticos cuestionaron las reglas de elegibilidad, y sectores advirtieron que personas condenadas por el asalto al Capitolio podrían, en teoría, intentar acceder a compensaciones. Grupos legales presentaron recursos para impugnar el mecanismo, lo que motivó la revisión judicial.
La medida de Brinkema detiene por ahora cualquier avance administrativo sobre el fondo mientras los tribunales evalúan los argumentos de las partes; la audiencia del 12 de junio de 2026 será clave para determinar el futuro inmediato del programa.
