Una jueza federal ratificó el 19 de marzo de 2026 la prisión preventiva y vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Guerrero, por su presunta implicación en la pérdida, ocultamiento o destrucción de grabaciones vinculadas al caso Ayotzinapa.
La audiencia se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde la impartidora de justicia, Nora Ileana García Peralta, determinó que la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal contra Estrada Ortega y contra Margarita Anguiano Castro.
La FGR acusa a la exfuncionaria de la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, material que, según la investigación, pudo registrar la interceptación de uno de los autobuses que trasladaba a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Ambas mujeres fueron detenidas durante un cateo en un departamento ubicado en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde las autoridades localizaron cartuchos de arma de fuego y cajas de medicamentos controlados.
En la audiencia la jueza otorgó a la Fiscalía y a la defensa un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las acusadas permanecerán en prisión preventiva oficiosa que, de acuerdo con las diligencias, se cumplirá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Además de la imputación por la posible alteración u ocultamiento de evidencia vinculada a Ayotzinapa, la FGR inició causas por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio y por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Hasta el cierre de las notas informativas consultadas, las autoridades no habían hecho públicos más detalles sobre el avance de la investigación complementaria ni sobre posibles nuevas imputaciones relacionadas con el caso.
