La quinta sesión del Comité Intergubernamental que negocia la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional se celebrará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 3 de agosto de 2026. Expertos y organizaciones instan a que México participe con propuestas concretas en esas mesas.
El objetivo de la negociación es acordar un marco jurídico global y dos protocolos tempranos que aborden la asignación de derechos tributarios, mecanismos de transparencia y medidas para prevenir la elusión fiscal. El proceso, iniciado en 2025, apunta a lograr avances decisivos durante 2026 y entregar resultados finales en 2027.
La relevancia para México radica en su limitada capacidad de recaudación: en 2024 el país registró una recaudación cercana al 18.3% del PIB, cifra por debajo del promedio de países de la OCDE y que reduce los márgenes para financiar salud, educación e infraestructura pública.
Asimismo, informes internacionales recientes destacan una fuerte concentración de riqueza en un grupo muy reducido de personas, lo que amplifica la necesidad de reglas globales que impidan la fuga de ingresos tributarios y garanticen una mejor distribución de la carga fiscal.
Los temas en discusión —entre ellos la gobernanza del nuevo marco, la relación con tratados existentes y mecanismos de resolución de disputas— tendrán efectos concretos sobre la recaudación y la certidumbre jurídica en México. Diversos actores exhortan a defender los intereses de países de ingreso medio y bajo en las negociaciones.
La sesión de agosto será clave para decidir el rumbo de la arquitectura fiscal internacional en los próximos años. México debe decidir si llega con una agenda activa o si dejará que esas decisiones se definan sin su voz, lo que podría limitar sus opciones para aumentar recursos propios en el futuro.
