La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este lunes 19 de octubre de 2026 atraer cinco amparos relacionados con el proceso judicial contra Juan Antonio Vera Carrizal y otros acusados por el ataque con ácido sufrido por la saxofonista María Elena Ríos en 2019, en Oaxaca.
El Pleno resolvió revisar si fue legal dejar sin efectos un juicio oral en el que Vera Carrizal había sido absuelto y ordenar la reposición del procedimiento, luego de que el juez que presenció las pruebas fuera suspendido antes de redactar y leer la sentencia.
La decisión fue aprobada por siete votos contra uno. La intervención de la Corte permitirá analizar los alcances del principio de inmediación y las atribuciones de un juez sustituto en un proceso penal.
El debate jurídico
El caso plantea si una jueza que sustituyó al juzgador original podía invalidar el juicio oral y ordenar que se repitiera, debido a que no había estado presente durante la audiencia en la que se desahogaron las pruebas.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que se trata de un caso de extrema violencia feminicida y que la resolución puede definir criterios sobre debido proceso, seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia para víctimas de violencia de género.
La intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral.
Antecedentes del proceso
María Elena Ríos fue atacada con ácido en 2019 y desde entonces el proceso penal ha enfrentado diversas controversias. Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista, es señalado como presunto autor intelectual de la agresión y fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Los amparos fueron promovidos por personas acusadas en el caso y están relacionados con resoluciones judiciales que impactaron la continuidad del proceso. Con la atracción, la Suprema Corte asumirá el análisis de los recursos y deberá establecer los criterios aplicables al procedimiento.
El asunto coloca nuevamente ante el máximo tribunal del país la discusión sobre los límites de la sustitución de juzgadores y la obligación de garantizar un proceso válido sin afectar los derechos de las víctimas ni las garantías de las personas acusadas.