La iniciativa ciudadana conocida como “Ley Trasciende” fue presentada ante el Senado de la República el 28 de octubre de 2025 por la activista Samara Martínez. El proyecto busca reformar la Ley General de Salud para reconocer y regular el derecho a la eutanasia y a una muerte digna.
El texto propone requisitos y salvaguardas estrictas: que la persona sea mayor de edad y esté en pleno uso de sus facultades, diagnósticos médicos coincidentes que confirmen enfermedad terminal o padecimiento crónico‑degenerativo sin posibilidad de cura, y la ratificación de la voluntad ante notario con plazos mínimos. También incluye disposiciones sobre objeción de conciencia, acceso a cuidados paliativos y obligaciones de la Secretaría de Salud para garantizar capacitación y disponibilidad de medicamentos.
En su presentación, los promotores entregaron más de 120,000 firmas de respaldo y contaron con el acompañamiento de legisladores de distintos grupos parlamentarios. Desde su ingreso, el expediente fue turnado a la Comisión de Salud del Senado, donde permanece en estudio.
El avance legislativo enfrenta obstáculos de agenda: fuentes vinculadas al proceso señalan que la discusión y dictaminación podrían posponerse al siguiente periodo ordinario, por lo que su aprobación antes del cierre de sesiones el 30 de abril de 2026 resulta poco probable. Los impulsores anunciaron la realización de un conversatorio en el Senado para el 23 de abril de 2026 para exponer argumentos técnicos y sociales.
La propuesta ha abierto un debate amplio entre organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud, distintos grupos parlamentarios y actores religiosos sobre las implicaciones éticas, legales y sanitarias de regular la eutanasia en el país. Los responsables del proyecto sostienen que la iniciativa busca garantizar autonomía y dignidad, mientras que sus críticos advierten la necesidad de cuidarse de posibles riesgos y vacíos regulatorios.
Lo que sigue es el desahogo de reuniones técnicas y dictámenes en comisiones; cualquier avance formal dependerá del calendario legislativo y del consenso entre las fuerzas políticas para su inclusión en el pleno del Senado.
