La tarde del 22 de abril de 2026 la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, ordenó la libertad inmediata de Felipe de Jesús Díaz Gómez y de Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente.
La resolución declaró el sobreseimiento de la causa penal 7/2026 luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) aprobaran acuerdos de reparación integral con las personas afectadas por el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025.
El accidente ocurrido en Nizanda, Oaxaca dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionadas. Según las autoridades, las víctimas y sus representantes optaron por la vía alternativa de solución de controversias, lo que implicó la firma de convenios reparatorios cuya ejecución derivó en la extinción de la acción penal.
Los detenidos, que permanecían recluidos desde enero en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como El Amate, quedaron absueltos de los cargos de homicidio y lesiones culposas al cumplirse el convenio y formalizarse la reparación del daño.
La Fiscalía informó previamente que, como parte de la reparación, un grupo de las personas afectadas —reportes señalan alrededor de 145 beneficiarios, entre adultos y menores— recibió apoyo inmediato. La investigación del siniestro continúa abierta en otros frentes y autoridades federales han señalado exceso de velocidad como una de las causas probables del descarrilamiento.
El caso del Tren Interoceánico ha generado investigaciones y auditorías sobre protocolos de operación y supervisión de la red ferroviaria; las autoridades anunciaron medidas para reforzar controles y evitar incidentes similares en el futuro.
