Una mujer de 48 años y su hija menor de edad denunciaron violencia digital en Yucatán tras el proceso penal contra el padre de la niña, quien fue detenido en junio de 2024 y sentenciado por abuso sexual equiparado agravado. La madre sostiene que desde entonces se han difundido datos personales, imágenes y videos relacionados con el caso, algunos correspondientes a audiencias que debían mantenerse bajo reserva por involucrar a una menor.
La denunciante, identificada como Paloma Angélica Sarabia Lugo, presentó carpetas de investigación por violencia digital ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Una corresponde a su hija y otra a ella; ambas, afirma, siguen sin una respuesta efectiva mientras continúan el acoso, las amenazas y la divulgación de información íntima.
Señala falta de aplicación de la Ley Olimpia
De acuerdo con el relato de la madre, al acudir a una agencia especializada en delitos contra menores para solicitar la aplicación de la Ley Olimpia, un agente le respondió que no contaban con experiencia ni capacitación suficiente para atender un caso de violencia digital. Esta legislación sanciona la difusión, publicación o distribución de contenido íntimo sexual sin consentimiento.
La Ley Olimpia se encuentra vigente en las 32 entidades federativas desde distintas fechas. Sin embargo, la denunciante sostiene que en Yucatán persiste la impunidad y que la falta de actuación institucional ha permitido que el hostigamiento continúe incluso después de la sentencia penal.
Antecedentes del proceso penal
El padre de la niña fue detenido el 17 de junio de 2024 por abuso sexual equiparado agravado. La causa penal fue registrada con el número 293/2024 y, en septiembre de 2025, recibió una sentencia que posteriormente fue modificada tras una apelación.
El caso también ha tenido repercusiones en materia familiar. Registros judiciales de Yucatán documentan procedimientos relacionados con la guarda y custodia de la menor, cuya identidad se mantiene reservada debido a su edad y a la naturaleza de los hechos.
La denuncia por violencia digital continúa abierta
La madre afirma que organizaciones y familiares del sentenciado han difundido información del expediente y materiales vinculados con las audiencias. Según su denuncia, esa exposición ha provocado acoso, amenazas y afectaciones tanto para ella como para su hija.
Mientras las investigaciones permanecen en trámite, la mujer pide que las autoridades garanticen la protección de la menor, eviten la revictimización y determinen responsabilidades por la difusión de contenido relacionado con el proceso. También reclama que el personal encargado de investigar delitos contra menores reciba capacitación para aplicar la legislación sobre violencia digital.