El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa declaró válida la elección de gobernador de 2021 en una resolución cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Aída Inzunza Cázares. En ese dictamen el órgano reconoció la existencia de 206 incidentes registrados durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, pero concluyó que solo en 23 casillas fue necesaria la suspensión definitiva de la votación.
La decisión, tomada en sesión extraordinaria con fecha del 27 de agosto de 2021, avaló que, en términos generales, la instalación y operación de las casillas se desarrolló con normalidad y que las irregularidades no alcanzaron el umbral legal para anular el proceso.
Entre los incidentes documentados estuvieron robos y destrucción de documentación y material electoral, así como situaciones clasificadas por el tribunal como de riesgo por violencia. El dictamen detalla que seis suspensiones fueron por riesgo de violencia, 16 por robo o destrucción de documentación y una por otras causas.
La magistrada Aída Inzunza Cázares es hermana del entonces funcionario estatal Enrique Inzunza Cázares. Su participación en el dictamen ha sido señalada en el debate público por posibles conflictos de interés, aunque el tribunal mantuvo su resolución sobre la validez de la elección.
El fallo del tribunal y la memoria del proceso electoral 2020–2021 del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa señalaron que, aunque hubo actos de violencia en 0.46% de las casillas instaladas, no se pudo acreditar que dichas irregularidades alteraran la voluntad popular expresada en los resultados distritales, municipales y estatal.
La decisión del Tribunal Electoral estatal y la documentación adjunta al expediente se convirtieron en referencia durante impugnaciones posteriores y en análisis mediático sobre la influencia de actores violentos en la contienda. El caso sigue siendo motivo de debate político y jurídico en Sinaloa.
