El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó este miércoles 5 de agosto de 2026 que acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas de protección para los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Veracruz, quienes enfrentan procesos de desafuero promovidos por la Fiscalía General del Estado.
Los procedimientos corresponden a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano. La solicitud de la Fiscalía busca retirarles el fuero constitucional para que las autoridades puedan continuar con las investigaciones correspondientes.
Señalamientos contra los alcaldes
Las autoridades ministeriales relacionan a González Martínez con la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la reportera Roxana Ramírez. En el caso de Bravo Montero, la investigación está vinculada con la desaparición forzada de un empresario y su chofer.
De acuerdo con información difundida sobre los procedimientos, los expedientes fueron turnados al Congreso de Veracruz para determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad procesal. La Comisión Instructora debe analizar las solicitudes, pero no determina la culpabilidad de los funcionarios.
Los dos alcaldes y sus defensas han sostenido que las carpetas de investigación no contienen pruebas claras en su contra y que parte de los señalamientos se basa en declaraciones de oídas. Hasta que una autoridad judicial determine lo contrario, ambos conservan la presunción de inocencia.
MC acusa una posible persecución política
Álvarez Máynez afirmó que Movimiento Ciudadano no aceptará intromisiones arbitrarias ni una aplicación selectiva de la justicia contra sus gobiernos municipales. Cuestionó que las instituciones de procuración de justicia puedan ser utilizadas como instrumentos de persecución contra adversarios políticos.
El dirigente partidista también señaló que cualquier conducta delictiva debe investigarse y sancionarse conforme a derecho, sin que el respaldo electoral otorgue privilegios para incumplir la ley. Por ello, pidió que los procesos avancen con autonomía, neutralidad, debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.
La dirigencia de MC solicitó además que los cabildos de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste actúen con responsabilidad institucional y conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre. El Congreso de Veracruz tenía previsto discutir este 5 de agosto las solicitudes de juicio de procedencia presentadas por la Fiscalía.