El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó el jueves 30 de julio de 2026 un decreto de necesidad y urgencia que permite impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.
La medida modifica la Ley de Migraciones e incorpora esas conductas como nuevas causales para rechazar la entrada de personas extranjeras, cancelar permisos de residencia ya otorgados y disponer su expulsión del territorio argentino.
Alcance de la medida
El decreto se refiere a expresiones dirigidas contra el pueblo argentino, su cultura, su identidad nacional o sus símbolos. También contempla actos de hostilidad y menosprecio cuando estén vinculados con la nacionalidad y puedan ser considerados una incitación a la discriminación o la violencia.
La disposición establece que no debe aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales.
Contexto político
El gobierno argentino presentó la reforma después de una serie de críticas y mensajes difundidos contra Argentina y los argentinos durante y después del Mundial de Futbol de 2026. Milei ha sostenido que existe una campaña internacional de hostilidad contra el país y ha mencionado críticas provenientes de aficionados, figuras públicas y usuarios de redes sociales.
La firma del decreto ocurre mientras el gobierno de Milei impulsa una política migratoria más restrictiva. La nueva causal se suma a las disposiciones que regulan el ingreso, la permanencia y la expulsión de personas extranjeras en Argentina.
La aplicación de la norma dependerá de la evaluación de las autoridades migratorias y de los procedimientos previstos por el régimen argentino. El decreto no establece una expulsión automática para todas las expresiones críticas, pues distingue entre los mensajes considerados hostiles o violentos y el disenso protegido por la Constitución.