La Fiscalía estatal informó que, en fechas previas al operativo de desmantelamiento efectuado entre el 17 y 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, se detectó la presencia de civiles de nacionalidad estadunidense que se integraron al convoy de autoridades estatales.
La unidad especial a cargo de la investigación señaló que hubo registros —incluida videograbación del 16 de abril— en los que se aprecia a al menos una persona con un arma larga dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. La pesquisa contempla cerca de 50 declaraciones ministeriales, más de 10 peritajes y el análisis de miles de horas de registros digitales.
Ante estos hechos, el partido Morena anunció que promoverá un juicio político y otras medidas legales contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al acusarla de permitir la participación de agentes extranjeros en operativos estatales y de vulnerar la soberanía. El partido ha planteado también convocatorias públicas para exigir investigaciones y responsabilidades.
La gobernadora ha negado haber autorizado la presencia de agentes extranjeros y defendió la actuación de su administración en materia de seguridad, según comunicados y mensajes oficiales difundidos por su equipo.
La Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación sobre lo ocurrido y las autoridades estatales continúan recabando pruebas y testimonios. Hasta el momento no se ha recibido una respuesta formal de la representación diplomática de Estados Unidos respecto a la identidad y acreditación de las personas detectadas.
El caso mantiene tensas las relaciones políticas entre la federación y la entidad, y podría derivar en procedimientos parlamentarios y judiciales mientras avanzan las indagatorias.
