Cuatro menores de edad murieron en los primeros bombardeos ordenados por el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC en las regiones del Catatumbo y Guaviare.
Dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 fallecieron en operaciones realizadas durante agosto en zonas donde grupos armados disputan el control de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Tres menores murieron en Guaviare
En una operación ejecutada el 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare, murieron 10 personas, entre ellas tres menores de edad: dos de 15 años y uno de 16. El Ministerio de Defensa sostuvo que todos los fallecidos eran combatientes de una estructura vinculada con las disidencias de las FARC.
La dependencia federal colombiana afirmó que la operación cumplió con los estándares legales para la planeación y ejecución de ataques aéreos estratégicos. También calificó el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes como un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Otro menor murió en el Catatumbo
El cuarto menor falleció durante el primer bombardeo ordenado por el actual gobierno colombiano, realizado el 10 de agosto contra estructuras del ELN en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela. La víctima tenía 16 años, de acuerdo con información atribuida al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La Defensoría del Pueblo reportó además que tres campesinos resultaron heridos durante esa operación y que se registraron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra. Autoridades regionales solicitaron investigar las afectaciones contra la población civil.
El gobierno defiende las operaciones
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó los ataques y acusó a los grupos armados de reclutar menores para utilizarlos como combatientes o escudos humanos. El mandatario afirmó que los responsables deben responder por violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Desde que asumió el cargo el 7 de agosto, el gobierno ha ordenado tres bombardeos. El tercero ocurrió el 30 de agosto en Guaviare contra una estructura atribuida a las disidencias comandadas por Iván Mordisco; hasta el momento no se había confirmado la presencia de menores entre las víctimas de ese operativo.
Organizaciones piden proteger a los menores
Defensores de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron si las autoridades contaban con información previa sobre la posible presencia de menores en los campamentos atacados y qué medidas se adoptaron para proteger sus vidas.
Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que el reclutamiento forzado continúa afectando a comunidades campesinas e indígenas en regiones como Guaviare, donde las disidencias de las FARC mantienen disputas por el control territorial. La institución ha llamado a los grupos armados a liberar a los menores y al Estado a reforzar las acciones de prevención, protección y atención humanitaria.