La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la interrupción del embarazo —especialmente hasta la semana 12 de gestación— debe tratarse como un procedimiento médico y un asunto de salud pública, ligado a derechos humanos y justicia social.
Según datos oficiales citados por la funcionaria, desde 2007 se han realizado alrededor de 300 mil interrupciones legales del embarazo en servicios públicos de la capital, la mayoría con medicamentos. Las estadísticas reportadas indican además una proporción mayor en personas de 18 a 29 años y ausencia de muertes maternas asociadas a estos procedimientos en la atención pública.
Las declaraciones de la titular de Salud coinciden con un contexto legislativo activo: el Congreso de la Ciudad de México debate propuestas para eliminar la temporalidad de semanas gestacionales en la Ley de Salud y existe una iniciativa en análisis para retirar la regulación del aborto del Código Penal local.
Sobre la objeción de conciencia, Gasman señaló que se trata de un derecho personal del personal de salud, pero subrayó que las instituciones tienen la obligación de garantizar que existan profesionales no objetores disponibles y que, en casos de emergencia, la atención médica no puede ser negada invocando la objeción en el momento.
El tema mantiene movilizaciones y pronunciamientos de colectivas y organizaciones civiles que exigen despenalización total, mientras las comisiones legislativas realizan foros y análisis técnicos. La discusión promete mantenerse en el centro de la agenda pública en los próximos meses.
