La futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad para reconocer plenamente a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, afirmó Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto es impulsado por el Ejecutivo federal y se encuentra en proceso de consulta nacional del 7 de agosto al 13 de septiembre de 2026.
Aguilar Ortiz, integrante del pueblo mixteco, sostuvo que la iniciativa puede contribuir a superar las inercias institucionales que han obligado a comunidades indígenas y afromexicanas a adoptar figuras jurídicas que no corresponden con sus formas de organización para acceder a derechos, servicios o reconocimiento legal.
El ministro presidente señaló que el objetivo no es incorporar a los pueblos a un esquema ajeno, sino reconocer la diversidad jurídica y social que existe en México. Explicó que esto implicaría ajustes importantes en la manera cotidiana en que las instituciones atienden a las comunidades.
No se trata de incorporar a alguien, sino de abrazar esa diversidad.
Como ejemplo de las dificultades actuales, mencionó el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que constituir una sociedad anónima para obtener una concesión de transporte. A su juicio, una legislación acorde con la realidad de los pueblos permitiría evitar que las comunidades tengan que aparentar una personalidad jurídica distinta para ser atendidas por el Estado.
La propuesta busca establecer un marco general para garantizar derechos colectivos, libre determinación, autonomía, territorio, participación y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. También contempla responsabilidades institucionales, procedimientos, sanciones y mecanismos de protección jurídica, incluido el amparo indígena y afromexicano.
El proceso de consulta se dirige a 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Las deliberaciones se desarrollan mediante asambleas regionales y mesas de trabajo, antes de que la iniciativa sea ajustada y enviada al Congreso de la Unión.
La Suprema Corte fue invitada por el Ejecutivo federal a participar como observadora del proceso. La consulta deberá recoger las opiniones, propuestas y recomendaciones de las comunidades antes de que el proyecto avance a la siguiente etapa legislativa.
Hugo Aguilar Ortiz nació en 1973 en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, comunidad mixteca donde inició su vínculo con las formas comunitarias de organización. Desde la presidencia de la SCJN ha planteado la necesidad de reconocer el pluralismo jurídico y los saberes de los pueblos indígenas y afromexicanos dentro del sistema de justicia mexicano.