Las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicadas esta semana por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, elevarán los costos económicos y regulatorios para empresas y profesionistas que realizan actividades vulnerables.
La aplicación será gradual, pero los sujetos obligados deberán prepararse para incorporar tecnología, fortalecer la identificación de clientes, conservar expedientes, consolidar operaciones y establecer sistemas permanentes de gestión de riesgos, conocimiento y monitoreo.
Más controles para actividades vulnerables
Las disposiciones alcanzan a casinos, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de vehículos, empresas de blindaje, traslado de valores, organizaciones que reciben donativos y prestadores de servicios profesionales, como abogados, contadores, notarios y agentes aduanales.
El Servicio de Administración Tributaria establece que quienes realizan actividades vulnerables deben darse de alta y registrarse, identificar a sus clientes y usuarios, verificar su identidad, solicitar información sobre el beneficiario controlador, presentar avisos y resguardar la documentación que respalde sus operaciones.
Con la reforma, el cumplimiento dejará de concentrarse únicamente en integrar expedientes y presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera mediante el SAT. Ahora también deberá acreditarse una estructura interna de prevención que incluya metodología basada en riesgos, capacitación, tecnología y auditoría.
Nuevas obligaciones y fechas
Las empresas y profesionistas deberán clasificar a sus clientes en niveles de riesgo bajo, medio y alto, considerando factores como el tipo de operación, el perfil del cliente, la ubicación geográfica y los canales utilizados. También tendrán que elaborar un Manual de Políticas Internas con 14 contenidos mínimos y realizar una auditoría anual con dictamen.
Entre las obligaciones operativas se encuentran consultar el buzón electrónico, presentar avisos de 24 horas cuando existan operaciones sospechosas y aplicar un nuevo orden de prelación para identificar al beneficiario controlador.
Los mecanismos automatizados deberán estar disponibles a más tardar el 1 de junio de 2027. Para los proveedores de servicios de activos virtuales, la entrega de información relacionada con la denominada regla de viaje comenzará el 30 de mayo de 2027 y deberá permitir la trazabilidad de las operaciones durante 10 años.
Regulación para activos virtuales
Por primera vez, las reglas contemplan de manera específica a los proveedores de servicios de activos virtuales por actividades de custodia, intermediación e intercambio. Estos operadores deberán registrarse y reportar operaciones que superen las 210 Unidades de Medida y Actualización o cuya comisión sea superior a cuatro unidades.
La regla de viaje exigirá verificar la información de las personas que envían y reciben los activos virtuales. El objetivo es mejorar la trazabilidad y facilitar la identificación de los participantes en las operaciones.
También se amplía la definición de PEP
Las nuevas disposiciones amplían la definición de Personas Políticamente Expuestas para incluir a altos funcionarios, familiares hasta segundo grado y asociados. Además, la condición deberá mantenerse durante un año después de que la persona deje el cargo.
Analistas consideran que las medidas representan un avance para mejorar la calidad de los avisos antilavado y atender recomendaciones internacionales, aunque advierten que no todas las actividades vulnerables están preparadas para asumir las inversiones en tecnología y capacitación.
El nuevo esquema busca que los reportes permitan detectar con mayor eficacia posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para las empresas y profesionistas obligados, el reto será incorporar los controles de forma gradual y demostrar que cuentan con un sistema permanente de cumplimiento.