La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que, en los últimos 12 años, 34 periodistas han sido incorporados al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El saldo oficial indica que entre 2016 y 2022 se contabilizaron 23 incorporaciones, y entre 2023 y 2026 se añadieron ocho casos más, con 2022 como el año con el mayor registro (siete incorporaciones).
Detalle por año
Según el desglose presentado por la dependencia estatal, las incorporaciones por año fueron: 2013 (3), 2016 (2), 2017 (5), 2018 (2), 2019 (3), 2020 (1), 2021 (3), 2023 (4), 2025 (1) y 2026 (1). Estas cifras forman parte del registro administrativo de la Secretaría de Gobierno.
Del total de casos incorporados en la actual administración, un expediente está vinculado con actuaciones de la Policía Estatal; siete casos guardan relación con autoridades municipales, particulares o sindicatos, apuntaron las autoridades.
Acciones de protección y coordinación
Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado medidas cautelares para 11 comunicadores del estado. De esas solicitudes, cuatro fueron levantadas al acreditarse la superación del riesgo; dos peticiones, añadió, fueron negadas por la CIDH.
En los últimos tres años la administración estatal implementó la figura de “Acciones Urgentes” para atención inmediata, puso en marcha un Sistema de Monitoreo y Atención de Agresiones a Periodistas y elaboró una Ruta de Actuación Inmediata. Mediante ese mecanismo, reportaron, se han registrado y atendido nueve casos.
Reacciones y retos
Organizaciones y colectivos que siguen la situación de la prensa en Oaxaca consideran que, pese a las medidas, persisten condiciones de riesgo derivadas de la violencia, las amenazas y la impunidad. Exigen mayor prevención y resultados concretos en las investigaciones para reducir la vulnerabilidad de los comunicadores.
Las autoridades estatales afirmaron que continuarán el seguimiento de los expedientes y la coordinación con instancias federales para mantener y, en su caso, reforzar las medidas de protección.