Oaxaca ocupa el segundo lugar en el país por número de personas adscritas al Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y enfrentan un entorno de riesgo que organizaciones civiles califican de alarmante.
Según el monitoreo presentado por colectivos y organizaciones de la sociedad civil, durante la gestión del gobernador Salomón Jara (desde diciembre de 2022) se han documentado al menos 33 asesinatos de activistas. Las mismas organizaciones advierten que el incremento en personas beneficiarias del mecanismo refleja un nivel de amenaza persistente y no debe interpretarse como un logro.
Las organizaciones responsabilizan en parte a la falta de respuestas integrales por parte de autoridades estatales y federales: denuncian que las medidas de protección se manejan de forma reactiva y que no existen investigaciones ni castigos efectivos en numerosos casos, lo que mantiene un clima de impunidad.
En abril y mayo de 2026 colectivos locales presentaron campañas y reportes para visibilizar la situación y exigir a las autoridades acciones más contundentes para prevenir agresiones, garantizar la seguridad de defensores y periodistas, y resolver homicidios y agresiones pendientes.
Las organizaciones solicitan también la armonización de mecanismos legislativos y protocolos de atención, así como investigación transparente de casos como allanamientos a oficinas de colectivos y ataques a integrantes de comunidades y agrupaciones indígenas.
La situación en Oaxaca se inscribe en un panorama nacional de riesgo para defensores del territorio, ambientalistas y periodistas; expertos y colectivos llaman a fortalecer medidas preventivas, mejorar la coordinación institucional y garantizar justicia para las víctimas.
