El 2 de abril de 2026 se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que examine con carácter urgente la situación de las desapariciones en México, a raíz de observaciones que describen una crisis forense de gran escala.
Las cifras disponibles muestran que hay más de 72,000 restos humanos sin identificar y cerca de 4,500 fosas clandestinas registradas en el país. El retraso en los procesos de identificación y la ausencia de registros públicos fiables han sido señalados como problemas estructurales.
Colectivos y plataformas que documentan hallazgos forenses han señalado la acumulación de restos y la falta de capacidad técnica y administrativa para darles identidad en plazos razonables. Evaluaciones previas han estimado que, con el ritmo actual de trabajo, la identificación de los cuerpos acumulados podría tardar décadas.
Entre las solicitudes planteadas se incluyen la creación y equipamiento de registros nacionales forenses, el fortalecimiento de bancos genéticos y programas de exhumación, así como medidas para mejorar la coordinación entre fiscalías, servicios forenses y colectivos de búsqueda.
La decisión de elevar el tema a la Asamblea General abre la posibilidad de que se propongan mecanismos de apoyo internacional y seguimiento a las recomendaciones para acelerar la identificación y garantizar la atención a las familias afectadas.
La crisis forense tiene implicaciones directas en la búsqueda de personas desaparecidas, la procuración de justicia y la rendición de cuentas; especialistas y colectivos han pedido acciones urgentes y recursos sostenidos para atender el rezago y evitar que nuevos hallazgos agravien la situación.
