La opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluye que la privación de libertad del expresidente peruano Pedro Castillo, tras el intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, debe calificarse como “arbitraria” y que procede su puesta en libertad inmediata, además de acceder a una reparación por los daños sufridos.
El texto, fechado el 4 de junio de 2026 y difundido en julio de 2026, sostiene que la actuación inicial no contó con una orden judicial independiente y que se vulneraron derechos procesales esenciales, entre ellos el acceso efectivo a una defensa en tiempo y forma.
En noviembre de 2025 Castillo recibió una condena de once años y medio de prisión por conspiración para la rebelión. La opinión del GTDA examina las circunstancias de su arresto y sostiene que el remedio a la situación sería la liberación y el reconocimiento de indemnización.
Tras la divulgación de la opinión, el Ejecutivo interino indicó que el documento podría utilizarse como argumento en un eventual trámite de indulto, mientras que defensores de derechos humanos pidieron medidas concretas para subsanar las irregularidades halladas.
Las opiniones del Grupo de Trabajo no son vinculantes, pero suelen influir en el debate público y en la presentación de recursos jurídicos o en decisiones administrativas sobre casos de detenciones cuestionadas.
