Organizaciones civiles que realizaron una cuarta misión de observación en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, documentaron una escalada de violencia y amenazas contra comuneros y sus autoridades tradicionales.
La misión, concluida el 26 de mayo de 2026, registró que desde 2015 la comunidad ha enfrentado desplazamientos, intentos de despojo y agresiones. Señalaron además que, en noviembre de 2025, fue asesinado el representante agrario Marcos Aguilar Rojas en el predio comunal conocido como El Caracol, y que su hermano resultó gravemente herido.
Entre las denuncias, los observadores recogieron testimonios sobre amenazas directas y una oferta económica dirigida a atentar contra líderes comunales; la misión consignó que se habría ofrecido un pago por la “cabeza” de autoridades tradicionales.
Durante su estancia los observadores sostuvieron espacios de diálogo con instancias del gobierno estatal; la comunidad demandó medidas concretas de protección, el esclarecimiento del homicidio y acciones que garanticen la seguridad, el territorio y los derechos comunales.
Las organizaciones que participaron en la misión urgieron convertir los compromisos de diálogo en acciones coordinadas y sostenidas, y advirtieron que la magnitud de las violaciones a derechos humanos requiere respuestas integrales con enfoque intercultural.
La situación mantiene alta la tensión en la región y la comunidad —compuesta por pueblos tepehuanos y wixaritari— insiste en la necesidad de garantizar la seguridad de sus liderazgos y avanzar en la restitución de sus bienes comunales ante las instancias competentes.
