El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revocado autorizaciones para que múltiples organizaciones civiles reciban donativos deducibles, una medida que ha generado críticas de la sociedad civil y reclamos por mayor certeza jurídica.
Medios nacionales informaron que, desde enero de 2026, Hacienda ha retirado la autorización para recibir donativos a al menos 100 asociaciones y que, en conjunto, los recortes a permisos afectan a un número mayor de organizaciones; otras coberturas periodísticas reportan cifras distintas, hasta 270 organizaciones afectadas, según la fuente consultada.
La Presidencia defendió la actuación del SAT: “Es una decisión técnica del SAT, no una decisión política del Gobierno”, declaró Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, y la autoridad fiscal señaló que las revocaciones se realizan mediante procedimientos que permiten a las donatarias corregir su situación antes de perder el estatus.
Organizaciones civiles y organismos internacionales han expresado preocupación por el impacto de las revocaciones en proyectos sociales y en la labor de fiscalización y derechos humanos. Amnistía Internacional advirtió que la medida puede poner en riesgo la continuidad de programas en áreas como derechos humanos, educación y salud.
Entre las explicaciones públicas del SAT se encuentra que algunas organizaciones no acreditaron ciertos requisitos administrativos o la naturaleza de actividades que justifican su registro como donatarias autorizadas, lo que motivó la revisión y, en casos, la revocación del permiso.
Fuentes periodísticas indican que las organizaciones afectadas pueden iniciar trámites para recuperar su autorización; la separación entre revocaciones temporales y cancelaciones definitivas ha sido destacada por autoridades y analistas como una diferencia clave en la gravedad de cada caso.
Las críticas de la sociedad civil han incluido pedidos de apertura de un diálogo entre autoridades fiscales y organizaciones para resolver criterios técnicos y garantizar un marco regulatorio con certeza y proporcionalidad, sin que por el momento exista una respuesta pública unificada de las instancias convocadas.
El asunto continúa en desarrollo y las cifras divulgadas por distintos medios muestran discrepancias sobre el alcance exacto de las revocaciones, por lo que las autoridades y las propias organizaciones han sido llamadas a clarificar listas, plazos y mecanismos de regularización.
