Daniel Ortega afirmó el 19 de julio de 2026 que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, durante un acto por el aniversario de la revolución sandinista. Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que sí habrá comicios, pero bajo un nuevo marco constitucional que impida la participación de opositores considerados “traidores a la patria” o vinculados con injerencia extranjera.
La sucesión de anuncios abrió una nueva etapa en la reorganización institucional impulsada por Ortega y la copresidenta Rosario Murillo. El plan contempla una reforma parcial a la Constitución que sería consultada durante agosto y presentada para su aprobación en primera legislatura a comienzos de septiembre de 2026.
Qué plantean las reformas
La propuesta busca establecer en la Constitución que no podrán participar en procesos electorales quienes sean considerados “golpistas”, “vendepatrias” o “traidores a la patria”. También se ha planteado que los periodos presidenciales tengan una duración de siete años y sean renovables, una modificación que permitiría prolongar la permanencia del actual régimen sin una competencia electoral abierta.
Rosario Murillo confirmó que la reforma será sometida a consultas con distintos sectores antes de llegar al Legislativo. El proceso se desarrolla con la Asamblea Nacional bajo control del oficialismo y después de cambios constitucionales que establecieron la copresidencia y ampliaron el periodo presidencial a seis años.
Del anuncio de Ortega a la aclaración del Parlamento
La declaración de Ortega fue interpretada como un anuncio de eliminación de la vía electoral. El mandatario sostuvo que los partidos opositores no volverían a utilizar las elecciones para “atrapar el gobierno” o “atrapar el poder”.
Porras matizó posteriormente esa postura al afirmar que Nicaragua sí celebrará elecciones, aunque con reglas constitucionales que excluyan a actores a los que el gobierno acusa de servir a intereses extranjeros. La diferencia entre ambos mensajes no resolvió la incertidumbre sobre el alcance de los futuros comicios ni sobre las condiciones de participación de la oposición.
Un proceso con rechazo internacional
La reforma anunciada provocó cuestionamientos de gobiernos y organismos internacionales, que advirtieron sobre el deterioro de la competencia política y de las garantías democráticas en Nicaragua. El debate se centra en si la convocatoria a votar puede conservar carácter electoral cuando el marco constitucional limita de antemano quién puede competir.
Por ahora, el calendario anunciado contempla consultas durante agosto y una primera aprobación legislativa en septiembre. El alcance definitivo de las reformas dependerá del texto que presente la Asamblea Nacional y de las etapas posteriores del procedimiento constitucional.