El 28 de abril de 2026 el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió que la iniciativa constitucional presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sea sometida a una consulta pública y a parlamentos abiertos antes de cualquier dictamen.
La diputada Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación, sostuvo que una reforma de esta magnitud debe escucharse directamente con quienes se verán afectados y que es necesario acompañar el proceso con un estudio de impacto económico que evalúe la viabilidad y las consecuencias en distintos plazos.
El coordinador de la bancada, Andrés Atayde, afirmó que el PAN está abierto al diálogo y al análisis técnico, pero advirtió que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe revisarse con seriedad para no afectar el derecho a la propiedad privada y debe contemplar incentivos para la inversión pública y privada.
La propuesta de la jefa de Gobierno busca limitar el aumento anual de las rentas de vivienda al nivel de inflación del año anterior y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Vivienda para su estudio. Legisladores del PAN han pedido que en ese foro se incorpore la voz de arrendadores, inquilinos y expertos antes de avanzar en el proceso legislativo.
Las comisiones responsables deberán definir el calendario de trabajo y los mecanismos de participación ciudadana; mientras tanto, el debate político y técnico en torno a la iniciativa continuará en el Congreso local.
