El diputado federal del PAN Marcelo de Jesús Torres Cofiño presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sancionar el nepotismo indirecto y la gestión indebida en decisiones del servicio público. La propuesta fue registrada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 22 de julio de 2026 y plantea responsabilidad para servidores públicos que permitan, toleren, soliciten o se beneficien de influencias ejercidas por personas vinculadas.
La iniciativa busca evitar que familiares, parejas u otras personas cercanas intervengan desde fuera de la estructura gubernamental en nombramientos, contratos, trámites, asignaciones de recursos, audiencias o resoluciones administrativas. El planteamiento también pretende identificar vínculos relevantes y fortalecer la revisión de posibles conflictos de interés.
Qué conductas busca regular la propuesta
El proyecto define la gestión indebida como la intervención, intermediación, recomendación, presión o influencia realizada directa o indirectamente para incidir en decisiones públicas sin contar con facultad legal y aprovechando la relación con un servidor público.
También establece que habría nepotismo indirecto cuando un servidor público permita, tolere, solicite o se beneficie de esa gestión realizada por una persona vinculada, aunque esta no tenga un cargo formal dentro de la administración.
Entre las personas vinculadas consideradas en la iniciativa están el cónyuge, la pareja, quienes mantengan una relación afectiva o de convivencia comprobable y familiares por consanguinidad o afinidad dentro de los grados previstos en el proyecto.
Sanciones y controles planteados
La propuesta contempla destitución, inhabilitación de tres a 10 años, sanciones económicas y reparación del daño para las faltas relacionadas con nepotismo indirecto. En los casos agravados, la inhabilitación podría llegar hasta 20 años.
El proyecto también plantea evaluar la nulidad, rescisión o revisión de actos administrativos cuando se acredite que fueron influenciados por este tipo de conductas. Además, prevé que las dependencias y entidades federales lleven un registro público de audiencias y gestiones, con información básica sobre asistentes, temas tratados y posibles vínculos relevantes.
De acuerdo con el planteamiento, las audiencias con personas vinculadas activarían una revisión preventiva por parte del órgano interno de control. La iniciativa permanece como propuesta legislativa y deberá continuar su trámite en comisiones antes de que pueda ser discutida y, en su caso, votada por el pleno.