La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) identificó 12 inmuebles en la alcaldía Miguel Hidalgo que rebasaron la altura permitida, con un total de 17 niveles y 12.65 metros excedentes detectados durante 2025.
Colectivos vecinales y activistas han denunciado que estas construcciones forman parte de un patrón sistemático de irregularidades —a menudo denominado “cártel inmobiliario” por quienes lo señalan— que combina permisos irregulares, modificación de usos de suelo y ventas de departamentos en pisos adicionales.
El abogado Gustavo García Arias, exdirector jurídico de la demarcación, aseguró que el balance oficial está incompleto y afirmó que la Procuraduría “se quedó corta” en su conteo. Además criticó las acciones anunciadas por la alcaldía para frenar las obras, y citó el caso del predio en Sócrates 211 como ejemplo de obras que siguieron avanzando pese a clausuras parciales.
Los registros revisados indican que el número de niveles excedentes en Miguel Hidalgo aumentó respecto a 2024, cuando las inspecciones habían localizado siete edificios con seis niveles adicionales. En la ciudad en su conjunto, las tareas de fiscalización han detectado decenas de inmuebles con alturas superiores a las autorizadas y la PAOT ha puesto en marcha procedimientos administrativos en varios casos.
Entre las medidas que la PAOT y otras autoridades han empleado figuran la suspensión de actividades, la custodia de folios reales y visitas de verificación por parte del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las alcaldías, con el objetivo de sancionar o, en su caso, ordenar la demolición de niveles excedentes.
Vecinos y legisladores locales han pedido mayor transparencia en los permisos de construcción y medidas más contundentes contra desarrolladores que incumplen las normas urbanísticas. Por su parte, la administración de la alcaldía ha defendido que realiza acciones de supervisión y que atiende denuncias ciudadanas.
La disputa entre autoridades, colectivos y desarrolladores plantea preguntas sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas, la capacidad de las instancias de verificación para frenar irregularidades y el impacto que estas prácticas tienen en el acceso a la vivienda y en la presión sobre servicios y movilidad en la zona.
