Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantenían reportada la suspensión de labores en siete ciudades el lunes 9 de noviembre, después de iniciar el paro el viernes 6 en protesta por el nuevo esquema de evaluación del personal. El movimiento se registró en Puebla, León, Ciudad de México, Zacatecas, Acapulco, Guanajuato y Toluca.
La continuidad de la protesta coincidió con un acuerdo anunciado el sábado 7 entre representantes sindicales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Las partes pactaron modificar las reglas de evaluación para eliminar referencias a sanciones o a la separación del cargo; se informó que las actividades se reanudarían normalmente el lunes.
Por qué comenzó la suspensión
La inconformidad surgió por el acuerdo que estableció evaluaciones para el personal de carrera judicial. Los trabajadores expresaron preocupación por posibles efectos laborales y solicitaron capacitación judicial, formación profesional, oportunidades de crecimiento, reconocimiento a su experiencia y respeto a su trayectoria.
Aunque durante las mesas de diálogo se reportaron avances, los empleados señalaron que los compromisos debían convertirse en cambios normativos aprobados y publicados para darles certeza. Por ello, en algunas sedes el levantamiento del paro seguía ligado a contar con garantías formales, mientras se esperaba la publicación de las modificaciones.
Así, el anuncio de un retorno general a las actividades y los reportes de suspensión en distintas ciudades reflejaban etapas diferentes de la negociación. La aplicación de los cambios acordados y la reanudación efectiva de labores dependían de su formalización y de las decisiones tomadas en cada sede.