Varios partidos políticos han activado procesos internos de promoción y visibilidad de aspirantes a cargos locales y estatales, una práctica que se ha popularizado como “pre-pre-precampaña” y que ocurre con meses de antelación respecto al calendario oficial del proceso electoral 2026-2027.
El debate público se centró esta semana en la necesidad de reglas y herramientas de fiscalización. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una metodología para el monitoreo de radio y televisión durante las etapas de precampaña y campaña, medida que sus promotores consideran útil para detectar promoción indebida y descalificaciones indirectas.
En 2023 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que dejó margen a los partidos para realizar ciertas actividades internas; sin embargo, el tribunal también estableció límites sobre cuándo esas acciones pueden considerarse actos de precampaña sujetos a fiscalización.
Consejeros como Arturo Castillo Loza han pedido normativas más estrictas para que el INE pueda fiscalizar con mayor eficacia los gastos y la propaganda que se realice fuera de término. Las autoridades electorales señalaron que, si se acreditan actos anticipados de precampaña, los gastos vinculados podrían sumarse a los topes oficiales de campaña.
Representantes de distintas fuerzas políticas han expresado posturas encontradas: algunos advierten sobre el riesgo para la equidad si no se regula, mientras otros defienden la labor organizativa y territorial como ejercicios legítimos de los partidos.
La discusión continuará conforme el INE publique criterios adicionales y se acerque el inicio formal del periodo electoral. Observadores y especialistas seguirán de cerca cómo se aplican las nuevas metodologías y si derivan en sanciones o ajustes al marco regulatorio.
