Especialistas en materia electoral advirtieron que Morena, PAN, PRI y PVEM utilizan figuras de coordinadores y defensores para posicionar anticipadamente a perfiles que podrían convertirse en candidatos para las elecciones de 2027. Los partidos han presentado estas estructuras como procesos internos, aunque ya realizan reuniones, asambleas y actividades públicas en distintas entidades.
La estrategia comenzó con los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y posteriormente fue replicada por el PAN, con sus coordinadores en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad; el PRI, mediante los Defensores de México, y el PVEM, con los Guardianes Verdes.
El debate se centra en que estas figuras no están previstas expresamente dentro de la estructura partidista ni cuentan con una regulación específica, pero pueden realizar actividades que, por su alcance y exposición pública, funcionen como actos de promoción anticipada. Además, especialistas han cuestionado quién financia las reuniones, recorridos, asambleas y materiales asociados con estos procesos.
Una figura política sin regulación específica
El exconsejero electoral Mauricio Merino sostuvo que los partidos inventaron estas figuras para eludir las disposiciones de la ley electoral. A su juicio, los nombramientos deberían ser considerados actos anticipados de precampaña, particularmente porque los perfiles designados pueden terminar encabezando las candidaturas.
Jessica Rojas, especialista en materia electoral por la UNAM, explicó que la legislación no sanciona el nombre que recibe una figura política, sino las conductas que vulneren la competencia. Por ello, señaló que la revisión debe considerar el contexto y la posible existencia de equivalentes funcionales, es decir, acciones que produzcan efectos similares a una promoción electoral aunque no utilicen llamados explícitos al voto.
Arturo Espinosa, fundador del Laboratorio Electoral, afirmó que los coordinadores deben ser regulados debido a los gastos que implican sus eventos y actividades. También cuestionó el origen de los recursos utilizados para organizar asambleas y reuniones, así como la falta de reglas claras para fiscalizar estos procesos.
El calendario electoral y la fiscalización
Las precampañas para el proceso electoral de 2027 están previstas para comenzar en enero de ese año. Sin embargo, los partidos ya han identificado perfiles y desarrollado actividades públicas en las entidades donde se renovarán gubernaturas y otros cargos de elección popular.
La discusión también alcanza al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos electorales locales. De acuerdo con los especialistas consultados, las autoridades no han establecido lineamientos suficientes para determinar cómo deben reportarse los gastos, quiénes son responsables de las actividades y bajo qué criterios debe evaluarse la promoción de los coordinadores.
En el caso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral local informó que tiene quejas relacionadas con estas actividades y que no puede emitir un pronunciamiento mientras los procedimientos se encuentren en resolución.
Mientras los partidos defienden estas figuras como mecanismos de organización interna, especialistas consideran que su uso puede generar una contienda desigual si permite promover aspirantes antes de los tiempos establecidos. La definición de reglas de fiscalización y de criterios para identificar actos anticipados será uno de los principales retos rumbo a las elecciones de 2027.