A finales de abril de 2026, protestas ciudadanas en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Bahía de Banderas, forzaron la suspensión temporal de trabajos de maquinaria pesada que vecinos y defensores del acceso público a la playa señalaron como presuntamente irregulares.
Tras enfrentamientos con elementos estatales hubo detenciones —reportes locales mencionan entre tres y cuatro personas—; las personas detenidas fueron liberadas entre el 28 y el 29 de abril de 2026 después de gestiones municipales y presión social.
Autoridades federales, a través de la Secretaría de Gobernación, anunciaron que garantizarán el acceso público a la playa y que se instalarán mesas de diálogo para atender las denuncias de la comunidad. Legisladores locales, incluida la diputada Andrea Navarro, denunciaron lo que calificaron como un posible daño ambiental por obras realizadas sin la Manifestación de Impacto Ambiental.
Organizaciones y reportes periodísticos han vinculado las obras con empresas filiales del grupo inmobiliario que opera en Punta de Mita; además, documentos oficiales y coberturas previas indican que en 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso clausuras temporales en la zona por intervenciones sin autorización en la franja federal marítimo-terrestre.
En lo inmediato, las obras quedaron resguardadas por autoridades mientras las autoridades federales y locales avanzan en la revisión de permisos y en la instalación de los mecanismos de diálogo prometidos. La situación mantiene movilizada a la comunidad y podría derivar en nuevas audiencias o acciones legales si no se resuelven las irregularidades denunciadas.
