Petróleos Mexicanos presentó el 4 de abril una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra la trabajadora Virginia Guillén Ávalos por posibles irregularidades en su patrimonio relacionadas con la organización de una megafiesta de XV años.
El caso adquiere relevancia por la aparente discrepancia entre los ingresos reportados por la empleada y los bienes asociados a su persona y familia, así como por la participación de figuras públicas en la celebración.
De acuerdo con la información disponible en registros públicos, Guillén Ávalos figura en Nómina Transparente como auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción; su salario neto mensual aparece en alrededor de 38,008.76 pesos y el ingreso anual declarado en la última declaración patrimonial fue de 581,000 pesos. En declaraciones previas consignó la propiedad de varias viviendas, terrenos y un automóvil BMW adquirido de contado en diciembre de 2014 por 829,900 pesos.
Fuentes informativas han referido que la celebración de XV años vinculada a la familia pudo implicar un gasto extraordinario —estimaciones no oficiales la sitúan en cifras millonarias— y que el evento contó con la participación de conductores y artistas de alto perfil.
La persona vinculada a la organización de la fiesta es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario con relación a empresas que han tenido contratos con Petróleos Mexicanos; en documentos públicos aparecen referencias a vinculaciones comerciales entre empresas relacionadas y Pemex.
La denuncia remitida a la Unidad de Responsabilidades busca que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno examine las posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones patrimoniales y determine las acciones administrativas que correspondan. En las instrucciones para llenar la declaración patrimonial se exige informar sobre la venta, renta o donación de inmuebles; en la declaración más reciente la trabajadora no detalló el estado actual de los bienes reportados anteriormente.
El avance del procedimiento y las resoluciones que emita la Unidad de Responsabilidades serán determinantes para establecer si existieron transgresiones a obligaciones de transparencia patrimonial o conflictos de interés vinculados a contrataciones públicas.
La investigación administrativa abierta por Pemex se suma a la discusión sobre controles internos y cumplimiento de obligaciones patrimoniales en empresas productivas del Estado.
