Un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara culminó con un accidente vial el 19 de abril de 2026 en el que, según reportes oficiales y periodistas, fallecieron dos ciudadanos estadounidenses identificados por medios como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), junto con al menos dos funcionarios estatales.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se ha pronunciado en mayo de 2026 para negar que hubiera autorizado, gestionado o tenido conocimiento previo de la presencia de agentes extranjeros en el operativo. La mandataria emitió un mensaje oficial el 12 de mayo y ofreció entrevistas públicas durante las semanas siguientes en las que defendió las acciones del gobierno estatal pero aseguró no haber sido informada previamente sobre la participación de personal estadounidense.
La Fiscalía del estado de Chihuahua abrió indagatorias internas y la Fiscalía General de la República (FGR) inició al menos un expediente por estos hechos; además, autoridades estatales y federales han tomado declaraciones a agentes y servidores públicos vinculados al operativo.
Datos clave y cronología
- 19 de abril de 2026: se realiza el operativo en la Sierra Tarahumara y posteriormente ocurre un accidente vial en el que murieron dos ciudadanos estadunidenses y funcionarios estatales.
- Mediados de abril a mayo de 2026: la presencia de los extranjeros y las circunstancias del accidente motivan investigaciones estatales y federales; el fiscal estatal presentó su renuncia tras la divulgación de los primeros resultados de la comisión de investigación.
- Mayo de 2026: la gobernadora Campos publica un mensaje oficial y ofrece entrevistas públicas en las que se deslinda de la autorización o conocimiento previo sobre agentes extranjeros en el operativo.
El caso ha generado un choque político entre el gobierno estatal y fuerzas políticas opositoras, que exigen aclaraciones y responsabilidades. La investigación federal sigue abierta y la FGR es la encargada, hasta ahora, de determinar la participación y el posible estatus legal de las personas extranjeras involucradas.
Los hechos mantienen a la opinión pública y a actores políticos en vigilancia por las implicaciones en materia de soberanía, colaboración internacional en seguridad y responsabilidad institucional.
