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PRI presenta iniciativa para fortalecer la prevención y reparación integral del feminicidio

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar Integralmente el Delito de Feminicidio. La propuesta busca complementar el proyecto enviado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y establecer una política integral para atender este delito en todo el país.

La iniciativa plantea definir derechos y principios, homologar el delito, construir una política nacional con financiamiento, regular las acciones de prevención, detección y protección, fijar estándares de investigación, garantizar la atención y reparación integral, así como crear mecanismos de información, evaluación y responsabilidad institucional.

Prevención y protección ante el riesgo feminicida

Entre las diferencias señaladas frente a la propuesta del Ejecutivo federal, el PRI plantea prohibir la neutralidad presupuestaria para asegurar recursos en el Anexo Transversal destinado a estas acciones. También propone crear un Modelo Nacional de Riesgo Letal y establecer órdenes de protección autónomas para responder desde las primeras señales de peligro.

Información, reparación y responsabilidades

El proyecto contempla un Sistema Nacional de Información con un Identificador Único de Caso, con el objetivo de evitar la pérdida o dispersión burocrática de los expedientes. Además, incluye planes de restitución integral de derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

La propuesta también busca tipificar como faltas graves la omisión o negligencia de las autoridades que incumplan sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación. Con ello, el grupo parlamentario sostiene que se pretende cerrar el proceso institucional desde la primera señal de riesgo hasta las garantías de no repetición.

El PRI afirmó que su iniciativa pretende transformar una respuesta centrada principalmente en el ámbito penal en una política pública integral enfocada en proteger la vida y la integridad de las mujeres, así como en atender a las víctimas directas e indirectas del feminicidio.