Quince personas originarias de países latinoamericanos llegaron a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, el 17 de abril tras ser deportadas desde Estados Unidos en un vuelo fletado, según información recabada por agencias internacionales y testimonios de los afectados.
Una mujer colombiana de 29 años que habló con periodistas desde un hotel cercano al aeropuerto describió el traslado como “una pesadilla”: dijo que viajaron con las manos y los pies sujetos, que permanecen alojados en bungalows cuyas puertas se mantienen cerradas y que sólo pueden salir acompañados por personal que les supervisa las salidas.
Las visas congoleñas con las que llegaron son temporales y duran tres meses; los deportados afirman que no existe un plan claro sobre qué ocurrirá cuando estas caduquen. La mujer además mencionó problemas estomacales atribuidos a la comida proporcionada en el alojamiento.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que ha brindado asistencia humanitaria y servicios de protección según una evaluación de vulnerabilidad, y que podría ofrecer mecanismos de retorno asistido voluntario si los deportados lo aceptan. La OIM agregó que no decide quién es deportado y que puede retirar su apoyo si no se cumplen los estándares mínimos de protección.
Autoridades estadounidenses no ofrecieron respuestas inmediatas sobre casos individuales, y organizaciones de derechos y abogados que siguen el expediente han señalado que la transferencia forma parte de acuerdos para deportaciones a terceros países que Estados Unidos ha venido negociando con naciones africanas.
Varios medios internacionales y agencias de noticias han documentado el arribo y las condiciones de los deportados; el caso ha reabierto el debate sobre la práctica de transferir a migrantes a países con sistemas de protección frágiles y la responsabilidad de garantizar el debido proceso y la seguridad de las personas afectadas.
