Alrededor de 15 personas de origen latinoamericano fueron deportadas desde Estados Unidos a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, y denuncian condiciones de traslado y recepción que califican como “una pesadilla”.
Los deportados relataron haber sido trasladados esposados, alojados en un hotel donde las salidas estaban supervisadas y acompañadas por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según testimonios, se les permite salir ocasionalmente y siempre bajo vigilancia, y algunos temen no contar con un plan de retorno cuando sus visas temporales estén por vencer.
La medida forma parte de un programa estadounidense para expulsar migrantes a terceros países, una estrategia que ha generado críticas por posibles violaciones al debido proceso y a obligaciones internacionales. Precisamente, un juez federal ordenó el regreso de una ciudadana colombiana deportada al Congo, al considerar que su expulsión pudo haber sido ilegal y que el país receptor no podía garantizar la atención médica que ella requiere.
Organizaciones y abogados que representan a los afectados han cuestionado la legalidad y la seguridad de estas deportaciones y han señalado que algunas personas contaban con protecciones judiciales en Estados Unidos contra su retorno a sus países de origen.
Las autoridades estadounidenses han defendido sus acuerdos con terceros países como mecanismos para gestionar flujos migratorios, mientras que defensores de derechos humanos piden revisar estas prácticas y asegurar garantías de protección para las personas desplazadas.
La situación de los deportados en Kinshasa sigue siendo incierta: sus representantes solicitan soluciones legales y humanitarias, y las decisiones judiciales recientes podrían obligar al gobierno estadounidense a reevaluar expulsiones específicas.
