El tigre de bengala Kenzo murió el 2 de julio de 2026 durante el operativo para su captura tras haberse escapado del predio privado Animal Experience, en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, Tepetlaoxtoc, Estado de México. Profepa confirmó la muerte del ejemplar y ordenó la clausura temporal del establecimiento mientras investiga irregularidades en su plan de manejo.
El caso del felino ocurre en un contexto de reducción presupuestal para la Profepa: un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación muestra que, ajustado por inflación, los recursos de la dependencia se han desplomado 43.2% desde 2018, pasando de 1,456 millones a 827 millones de pesos en términos reales. Expertos advierten que esa merma limita la capacidad de inspección y vigilancia de predios que manejan vida silvestre.
Anaíd Velasco, gerente de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que la falta de recursos impacta en la disponibilidad de personal y en la capacitación de inspectores, lo que reduce el alcance de las labores de seguimiento y dificulta la tramitación de sanciones cuando hay irregularidades.
La Profepa ha reportado que dispone de alrededor de 500 inspectores para todo el país, una cifra que, según especialistas, resulta insuficiente para cubrir la totalidad de Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) registradas ante Semarnat.
Tras la fuga de Kenzo, autoridades federales y locales realizaron labores de búsqueda por varios días; la dependencia explicó que durante la captura se aplicaron protocolos de contención que, en este caso, terminaron con la muerte del animal en el traslado a un centro médico.
Defensores de la fauna y asociaciones del sector han pedido una revisión más estricta de permisos y planes de manejo, además de recursos adicionales para inspección y capacitación. En tanto, Profepa continuará con las investigaciones administrativas y la verificación de las condiciones del predio clausurado.
Este incidente reabre el debate sobre la tenencia de animales silvestres en recintos privados y la capacidad del Estado para supervisarlos efectivamente ante recortes presupuestales y limitaciones operativas.
