El 14 de mayo de 2026 entró en vigor una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que modifica las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La enmienda incorpora un artículo 66 Bis que faculta a la ASF para investigar “en cualquier momento”, ya sea de oficio o a raíz de una denuncia, presuntas faltas administrativas graves, con independencia del ejercicio fiscal al que correspondan los hechos.
Además, la reforma amplia las capacidades de revisión del organismo: podrá solicitar información y documentación correspondiente a ejercicios fiscales anteriores cuando se trate de proyectos multianuales, y deberá habilitar mecanismos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas en todas sus modalidades.
El texto legal también prevé que la ASF podrá presentar denuncias de hechos ante las instancias competentes cuando advierta posibles conductas delictivas derivadas de sus auditorías o investigaciones.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso en abril de 2026 y posteriormente promulgada por la Presidencia; su objetivo declarado es fortalecer la fiscalización del gasto público y acortar plazos para llevar casos a instancias de investigación.
Autoridades y legisladores destacaron que los cambios buscan mejorar la efectividad de la fiscalización superior, permitir investigaciones más ágiles y dotar a la ASF de herramientas para perseguir irregularidades que antes quedaban fuera del alcance por límites temporales o procedimentales.
