El debate sobre el cannabis en México debe centrarse en la reducción de riesgos y la salud pública, no únicamente en la prohibición. La falta de reglas claras mantiene a consumidores expuestos a productos con concentraciones desconocidas de THC, posibles contaminantes y mercados sin controles sanitarios verificables.
Regular no significa presentar el cannabis como una sustancia inocua ni promover su consumo. Significa reconocer que existe una realidad de consumo y establecer herramientas para prevenir daños, informar a la población, proteger a menores y vigilar la calidad de los productos.
Información y control sanitario
Una política de reducción de daños requiere que los productos indiquen su concentración de THC y sean sometidos a pruebas para detectar pesticidas, metales pesados, hongos y otros contaminantes. También debe contemplar condiciones sanitarias verificables, etiquetado claro y sanciones para quienes incumplan las normas.
La regulación permitiría distinguir entre edad, dosis, concentración, frecuencia y vías de administración. Estas diferencias son relevantes porque los riesgos no son iguales para menores de edad, consumidores frecuentes, personas con determinados perfiles de vulnerabilidad o quienes conducen bajo los efectos de la sustancia.
El vacío legal mexicano
México mantiene una situación fragmentada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido condiciones para actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico, pero ello no equivale a una autorización general para comercializar, distribuir o suministrar cannabis. En consecuencia, consumidores, productores y empresas operan sin un marco integral que ordene toda la cadena de valor.
Este escenario también representa una oportunidad económica desaprovechada. Una regulación moderna podría incorporar actividades como genética vegetal, agricultura de precisión, laboratorios de análisis, biotecnología, productos farmacéuticos, fibras, investigación y trazabilidad, además de abrir posibilidades para pequeños y medianos productores.
Experiencias internacionales
Canadá estableció en 2018 un marco para legalizar y regular estrictamente el cannabis, con controles sobre producción, distribución, venta y acceso. La experiencia muestra que la regulación debe evaluarse y corregirse con el tiempo, especialmente en materia de protección a menores, calidad, seguridad y conducción bajo los efectos de la sustancia.
El diseño fiscal también será determinante. Un mercado legal con precios excesivos o una oferta insuficiente podría dejar espacio para el mercado clandestino. Por ello, las reglas deben ser estrictas y al mismo tiempo funcionales para competir con la informalidad sin disminuir las medidas de protección sanitaria.
La reducción de daños ofrece una ruta de política pública basada en prevención, información y vigilancia. Para México, regular el cannabis no tendría que significar permisividad, sino responsabilidad estatal frente a los riesgos existentes y la necesidad de construir un mercado formal, seguro y sujeto a evaluación.