El fiscal general del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia irrevocable el 27 de abril de 2026 tras admitir omisiones en la información sobre la presencia de personas que se identificaron como funcionarios estadunidenses durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
El operativo concluyó con la muerte de cuatro personas; entre ellas el director de la Agencia Estatal de Investigación y dos ciudadanos que, según informes oficiales iniciales, se identificaron como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Las autoridades locales han descrito inconsistencias en las versiones presentadas públicamente sobre la participación y el papel de esas personas en la acción.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de investigaciones relacionadas con los hechos para esclarecer tanto la participación de terceros en el operativo como las posibles omisiones institucionales. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que el pueblo de México “tiene derecho a saber la verdad” y que las indagatorias deben continuar pese a la renuncia del fiscal estatal.
El caso detonó una fuerte polémica política: el Senado discutió la falta de claridad en las versiones oficiales y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue convocada a dar explicaciones ante las bancadas. Legisladores de distintos partidos exigieron sanciones si se confirman irregularidades en la coordinación y notificación de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Las autoridades afirmaron que la investigación interna y las pesquisas federales seguirán su curso. En lo inmediato, la renuncia de Jáuregui queda en vigor mientras se esperan más resultados de las indagatorias y pronunciamientos oficiales que aclaren la naturaleza de la participación de los ciudadanos estadounidenses en el operativo.
