Las cámaras del Parlamento ruso aprobaron una enmienda legal que otorga al presidente la potestad de autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero para la protección de ciudadanos rusos que estén siendo investigados, detenidos o procesados fuera de Rusia.
El cambio normativo, aprobado por la Duma y ratificado por el Consejo de la Federación, permite la intervención extraterritorial de unidades militares por decisión presidencial cuando se alegue que procesos judiciales, órdenes de arresto u otras acciones judiciales en el extranjero amenazan la libertad de nacionales rusos. Según el texto, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.
Autoridades que impulsaron la reforma han dicho que la medida tiene carácter preventivo y no implica el uso automático del Ejército; sin embargo, expertos y críticos advierten que la redacción amplia del texto deja margen para interpretaciones que podrían justificar operaciones militares fuera de Rusia.
La iniciativa se suma a cambios legales previos, incluidos ajustes introducidos en 2023, que han ampliado las atribuciones del Ejecutivo para defender presuntos intereses nacionales en el exterior. Defensores del gobierno afirman que la norma protege a los ciudadanos rusos frente a lo que consideran “persecuciones” jurídicas en otros países; opositores señalan riesgos para la estabilidad regional y el derecho internacional.
Por el momento no se ha anunciado ninguna operación concreta ni se han señalado países específicos como objetivo de la nueva facultad. La aprobación del texto ha suscitado preocupación en la comunidad internacional por el posible incremento de tensiones y por el precedente que implica la formalización de criterios para intervenciones fuera de fronteras.
