El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó listados en los que notificó la pérdida de la condición de donataria autorizada de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2026, lo que impide a esas entidades emitir comprobantes de donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta.
La revocación afecta a organizaciones que, según los documentos difundidos y la cobertura periodística, no acreditaron requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre ellos la certificación del carácter científico de ciertas investigaciones en casos específicos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida como “un análisis técnico del SAT” y negó que responda a una decisión política.
El recorte documentado en enero y difundido en marzo de 2026 se suma a revocaciones reportadas en 2025, cuando la autoridad tributaria registró la baja de cientos de donatarias en el padrón nacional. Algunas notas periodísticas señalan además que 13 organizaciones tuvieron la cancelación definitiva de su autorización.
Entre las entidades citadas por la prensa como afectadas figuran centros de investigación y evaluación pública. La pérdida del estatus de donataria implica que las aportaciones dejan de ser deducibles para los donantes, lo que históricamente reduce las donaciones privadas y puede provocar caídas significativas de ingreso para proyectos de atención social, salud, educación e investigación.
El SAT ha señalado que las revocaciones siguen procedimientos administrativos que permiten a las organizaciones corregir su situación y tramitar la recuperación de la autorización. No obstante, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que, si una entidad no recupera su estatus en 12 meses, deberá transferir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que representa un riesgo operativo y patrimonial para las organizaciones afectadas.
Voceros de algunas asociaciones han informado ante medios que ya iniciaron trámites de regularización y rechazaron haber incurrido en incumplimientos graves; fuentes oficiales y analistas advierten que la dinámica puede provocar concentración de recursos en organizaciones más grandes si las pequeñas y comunitarias no logran restituir la autorización.
La medida abre además un debate sobre el equilibrio entre controles fiscales y la continuidad de servicios que suplen vacíos públicos: por un lado, la autoridad argumenta cumplimiento de la ley y transparencia; por el otro, actores civiles y expertos advierten sobre el efecto en la atención a poblaciones vulnerables y en la investigación independiente. En las próximas semanas, las organizaciones afectadas deberán decidir si regularizan, impugnan o transfieren activos según corresponda.
