Legisladores del Senado y autoridades estatales reaccionaron ante la confirmación de la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, cuyo despliegue terminó en un accidente el 19 de abril de 2026 en el que murieron agentes extranjeros y funcionarios estatales.
El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, presentó su renuncia el 27 de abril de 2026 y reconoció omisiones en la información que se había difundido sobre el operativo. La dimisión elevó el conflicto político entre el gobierno estatal y el federal y reavivó cuestionamientos sobre la coordinación y las notificaciones entre autoridades.
Desde el pleno del Senado, legisladores de Morena dijeron que los hechos constituyen una “crisis institucional” y pidieron responsabilidades políticas; algunos legisladores incluso advirtieron que las posibles irregularidades podrían encuadrarse en delitos graves contra la seguridad nacional.
La Fiscalía estatal informó que abrió carpetas de investigación para aclarar las circunstancias del operativo y la participación de personal extranjero. Fuentes oficiales dijeron que, según las primeras pesquisas, los agentes estadounidenses habrían estado presentes en el convoy relacionado con el desmantelamiento de laboratorios para drogas sintéticas, pero su papel exacto en la operación aún está bajo investigación.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue convocada al Senado para comparecer sobre el caso, pero declinó asistir alegando que hacerlo podría comprometer información reservada y afectar el curso de las investigaciones, lo que generó un fuerte debate político y recriminaciones desde distintas bancadas.
El episodio ha motivado también una controversia diplomática y pedidos de mayor claridad sobre los protocolos de cooperación con agencias extranjeras en operativos en territorio mexicano; las autoridades federales anunciaron que darían seguimiento a las indagatorias para determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
