El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ese mismo día, Inzunza asistió a actividades en el Senado por la mañana, pero posteriormente dejó la sede legislativa y no se ha reportado su presencia en sesiones posteriores.
Hasta el 2 de mayo de 2026 el senador no ha enviado una solicitud formal de licencia para separarse temporalmente del cargo ni se ha registrado ante la Mesa Directiva del Senado ningún oficio en ese sentido.
En sus redes sociales el legislador calificó las imputaciones de “falsas y dolosas” y dijo que se trataba de un ataque político; por su parte, la coordinación de Morena en el Senado —a través de liderazgos— ha señalado que la acusación debe probarse antes de que se solicite una licencia o se adopten medidas disciplinarias.
El caso ha generado reacciones en distintas instancias: el Congreso local de Sinaloa aprobó la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y nombró a una gobernadora interina; las autoridades federales han declarado que revisarán las pruebas presentadas por Estados Unidos.
Ante el desarrollo del caso, la Mesa Directiva del Senado y las bancadas han mantenido comunicación para definir el procedimiento a seguir si el senador optara por solicitar licencia o si se presentaran solicitudes de desafuero o colaboración internacional.
