El 15 de abril de 2026 la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, reconoció desde la Cámara de Senadores que durante su paso como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (2019–2024), se ordenó el sacrificio de alrededor de 10,000 perros en el marco de acciones municipales de control sanitario.
La revelación llegó después de la difusión de un video en redes en el que funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cuestionan las prácticas aplicadas en el municipio. En ese material algunos testimonios aludieron a cifras menores —en torno a 2,500—; la ahora senadora defendió que las intervenciones se hicieron conforme a protocolos y a la normativa vigente en su momento.
Organizaciones y activistas por los derechos de los animales exigieron aclaraciones y, en algunos casos, solicitaron la separación de la senadora de sus cargos. El gobierno municipal de Tecámac también pidió precisar las prácticas utilizadas y la documentación que respalde las decisiones tomadas en los años señalados.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por hechos vinculados con posible maltrato animal y el Ayuntamiento del estado y Propaem han señalado que hay elementos que deben ser investigados, incluida la posible vulneración de normas oficiales como la NOM-033-SAG/ZOO-2014.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que, según la información disponible, la exalcaldesa no habría violado la ley, aunque reconoció que es necesario revisar y, en su caso, mejorar las normas y protocolos para la protección animal.
El caso sigue bajo investigación y ha reavivado el debate público sobre políticas municipales de control de poblaciones caninas y sobre la necesidad de reformas legales y protocolos que garanticen el bienestar animal y eviten prácticas que organizaciones civiles consideran inaceptables.
