La Audiencia Provincial de Badajoz impuso el 14 de julio de 2026 una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a David Sánchez Pérez‑Castejón por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz.
El tribunal considera que se generó y adaptó una plaza con carácter arbitrario y sin contenido real, y que las decisiones administrativas se tomaron con el fin de beneficiar a concretas personas, según consta en la resolución.
La sentencia aborda tres episodios distintos y absuelve a los procesados del delito de tráfico de influencias que también se investigó en el procedimiento.
Entre los condenados figura el expresidente de la Diputación de Badajoz, quien recibió una inhabilitación de mayor duración. La defensa ha anunciado la presentación de recursos contra la resolución.
Los hechos se remontan a actuaciones de 2016 y 2017; la resolución analiza documentos y testimonios que sostienen las conclusiones del tribunal y abre la vía del recurso de apelación.
