La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó y lamentó el fallecimiento de una menor de 13 años —identificada como Dafne Zapata Quintos— ocurrido el 16 de julio de 2026 durante un campamento de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas, y reiteró que la impartición de una modalidad "militarizada" de educación no está autorizada en instituciones que atienden a niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado, el titular de la SEP señaló que no puede justificarse ni normalizar actos de violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad de las personas menores de edad amparándose en una supuesta "educación militar". La dependencia adelantó que emitirá un recordatorio formal sobre la prohibición y las disposiciones constitucionales que regulan la materia.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación y, según reportes, investiga el caso bajo el protocolo correspondiente al presunto delito de feminicidio. Familiares y autoridades locales han señalado que la adolescente ingresó al curso el 13 de julio de 2026 y falleció la noche del 16 de julio; la causa exacta de la muerte está siendo indagada por peritos y agentes ministeriales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Presidencia han pedido una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. Asimismo, medios nacionales han reportado la detención de una empleada de 18 años vinculada al caso, medida que forma parte de las diligencias ministeriales en curso.
El inmueble donde operaba la academia fue asegurado por la Fiscalía mientras se realizan peritajes y se recaban indicios. Las autoridades estatales han señalado que adoptarán las medidas necesarias para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes y revisar las autorizaciones que en su caso se hayan otorgado a la institución.
Contexto y siguientes pasos
El caso detonó un debate público sobre la existencia y regulación de academias o campamentos que usan metodologías de corte militar para menores. La SEP recordó que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y no es una modalidad prevista para la educación básica.
Las autoridades estatales y la Fiscalía han señalado que continuarán con las indagatorias para establecer responsabilidades y esclarecer cómo ocurrieron los hechos; la CNDH exigió que la investigación sea imparcial y con enfoque de derechos humanos.
Mientras tanto, la SEP recomendó a las autoridades educativas de los estados reforzar la supervisión de programas y actividades dirigidas a menores y reiteró la prohibición de denominaciones o modalidades "militarizadas" para servicios educativos de educación básica.